Cuenta Pública 2003

01 de Marzo del 2003

 
Inaugurado Año Judicial 2003

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mario Garrido Montt, encabezó en la mañana de hoy la Ceremonia de Inauguración del Año Judicial 2003. El acto que se efectuó en el Salón del Pleno del máximo tribunal, contó con la presencia del Ministro de Justicia y altas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A continuación publicamos el texto íntegro del mensaje pronunciado por el Presidente de la Corte Suprema.

 
DISCURSO 2003


Discurso de Inaguración Año Judicial 2003.

Santiago, 1 de marzo de 2003.

 

En esta solemne audiencia, en cumplimiento del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, me corresponde dar cuenta del trabajo efectuado por la Corte Suprema durante el año 2002, y del que ha quedado pendiente para el año que se inicia.
Al comenzar esta exposición, debo hacer algunas referencias preliminares.
El señor Ministro de esta Corte, don Servando Jordán López se acogió a jubilación, como consecuencia de haber cumplido el límite máximo de edad para el desempeño del cargo. Dejó sus altas funciones después de una dilatada y exitosa carrera en el servicio judicial por más de cincuenta y seis años.
El 10 de julio de dos mil dos, se incorporó como Ministro de este Tribunal don Adalis Salvador Oyarzún Miranda, en la vacante que dejara el Ministro Jordán. La llegada del señor Oyarzún constituye un aporte para esta Corte
En mayo de 2002 dejó de existir el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco don Luis Roberto De la Fuente Leclerc, en Octubre último fallecieron don Rolando Hurtado Ganderats y don Arpelices Morales Sanchez, Ministros de la Cortes de Apelaciones de Talca y Concepción, respectivamente, y en noviembre del mismo año murió don Waldo Otárola Aqueveque, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán. Todos de dilatada actuación en el ámbito judicial y amplia versación jurídica. El Tribunal dejó constancia del pesar ocasionado por sus muertes.
A continuación, paso a referirme a la cuenta que debo rendir.

 

Datos Estadísticos Generales

 

En un cuadro estadístico que se agrega como anexo al final de esta cuenta, se señala el total nacional de ingreso de causas a primera instancia durante el año 2002 y comparativamente las ingresadas en el año 2001.
El total nacional de causas ingresadas durante 2002, según los libros de los tribunales del país, tuvo una disminución porcentual del 2,51 por ciento, pues de 2.004.859 causas en 2001 bajó a 1.954.450 en 2002.
Desglosando este total nacional, aparece que las causas civiles ingresadas en 2002 en los Juzgados del país, ascendieron a 661.182, cantidad mayor que la del año anterior, que alcanzó a 624.033. Hubo, entonces, un aumento de 5,95 por ciento.
Las causas criminales, en total, experimentaron una disminución de un 12%: de 732.658 para el año 2001, el ingreso disminuyó a 644.645 el 2002.
De este total de causas criminales, las del sistema procesal antiguo disminuyeron un 17%, pues de 689.533 en 2001 bajaron a 571.972 en 2002.
En el nuevo sistema se anotó un incremento de un 91% en los juzgados de garantía; debido en parte al funcionamiento de los nuevos tribunales.
En los tribunales de juicio oral, la variación de causas fue de un 636%. Conviene aclarar que la disminución de un 12% en el total de causas criminales generadas en 2002, sólo se refiere a los procesos criminales que ingresaron a los órganos del Poder Judicial y no comprende a los casos que, según el nuevo procedimiento, son del conocimiento del Ministerio Público.
Las causas de menores experimentaron un descenso de 2%: de 185.470 el 2001 a 181.825 el 2002.
Los ingresos laborales a nivel nacional aumentaron en un 4%: de 181.474 causas para el año 2001 a 189.254 el 2002.

 

Labor de la Corte Suprema

 

La labor de la Corte Suprema, se separará en tres grupos: función jurisdiccional, administrativa y normativa.

 

Función Jurisdiccional

 
Es necesario recordar que el período que se consideró para la estadística sobre la labor de esta Corte, al igual que en años anteriores, corresponde al año calendario, o sea, abarca desde 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2002. De las cifras que proporciona el Cuadro Estadístico anexo, se concluye que el ingreso de recursos de casación aumentó de 2.746 el 2001 a 2.943 el 2002, o sea, subió en 197 causas. Se fallaron en total 2.684 recursos en el año 2002, es decir 32 más que el 2001. No obstante, a pesar del mayor número de fallos, la existencia pendiente aumentó en 259 recursos, lo que muestra una existencia pendiente de 1.545. De éstas, 71 se encuentran en acuerdo con Ministro redactor. La existencia pendiente real es 1074 causas de las cuales 388 recursos están en tramitación, 242 en tabla y 844 en estado de figurar en ella. De las 242 en tabla, 141 son casaciones de fondo y 47 de forma en lo civil, y, en lo criminal 38 de fondo y 16 de forma.
En los recursos de queja, el ingreso bajó de 569 en 2001 a 439 en 2002, o sea disminuyó en 130 recursos. Fueron fallados en el año 2002, la cantidad total de 770, es decir, 266 más que en el 2001. La existencia pendiente de 412 en el año 2001 bajó a 81 en 2002, o sea, hubo una disminución de 340 recursos. El saldo de arrastre en materia civil bajó de 193 a 73 y, en materia criminal, disminuyó de 25 a 8. En lo laboral de 194 recursos en 2001, quedó en 0 en el año pasado. Entonces, el total de recursos de queja pendientes, es de 81.
En los recursos de apelación de protección, el ingreso aumentó de 978 en 2001 a 990 en 2002, o sea en 12 recursos. Fueron fallados en 2002, la cantidad total de 964. De modo que la existencia pendiente de 238 causas en 2001 bajó a 26 en 2002, es decir, una disminución de 212 recursos.
La labor general de la Corte durante el año recién pasado, se puede resumir diciendo que el ingreso total de recursos bajó de 5.613 en el año 2001 a 5.590 en 2002, es decir, en 23 recursos. En 2002 se dictaron 7.055 fallos, o sea, 1.706 fallos más que en el año anterior que fue de 5.349. A consecuencia de este mayor esfuerzo y rendimiento la existencia pendiente también bajó, de 3.729 a 2272, es decir, en 1457 recursos.
El detalle de causas de esta cuenta, aunque comprendido en ella, no será motivo de lectura en esta oportunidad por razones de tiempo, pero será publicado.

 

Función Administrativa, Autos Acordados e Instrucciones.

En ejercicio de la superintendencia directiva, correccional y económica, que le asigna la Constitución Política de la República, en el Tribunal Pleno se dictaron de diez autos acordados para la mejor aplicación de las leyes e impartió alrededor de treinta instrucciones de carácter general a fin de obtener un mejor rendimiento y control en el funcionamiento de los tribunales del país.
Vayan nuestros agradecimientos a los señores Ministros que integraron la Comisión encargada de elaborar las instrucciones sobre las Metas de Gestión Institucional del Poder Judicial, señores Urbano Marín y Jorge Medina, que presentaron un sistema muy bien diseñado.

 

Visitas Inspectivas a Cortes de Apelaciones

De conformidad a lo dispuesto en el acuerdo de pleno de 20 de mayo de 1998, se practicaron las 12 visitas que se detallan en un anexo adjunto a esta cuenta. Al término de cada una, los ministros informaron al Tribunal Pleno que les prestó su aprobación y se tuvieron presente en el respectivo proceso de calificación de fines del año pasado.

 

Traslados Y Permutas

El Tribunal Pleno se pronunció sobre 49 solicitudes de traslado: rechazó 41, autorizó 2 y 6 se desistieron. Además, dispuso 4 administrativamente, por razones de mejor servicio. Hubo, también, 8 solicitudes de permuta, siendo aprobadas 2, rechazadas 3 y desistidas 3.


Oficina del Personal

Esta oficina cumple principalmente la función administrativa que la ley encomienda directamente al Presidente de la Corte Suprema.
Durante 2002 la Presidencia dictó 1.544 resoluciones exentas y 79 afectas al trámite de toma de razón.
En el 2002 se otorgaron 5.528 comisiones de servicio.

 

Labor del Departamento de Bienestar
 
Del informe emitido por el presidente de este Departamento, Ministro don Eleodoro Ortiz Sepúlveda, aparece que el ingreso total de recursos en el año 2002, alcanzó a $ 801.274.435. Por concepto de cuotas sociales el ingreso fue de $ 529.343.035, el que aportaron un total de 4.723 socios.
Expresamos nuestro reconocimiento al Ministro señor Ortiz por su dedicación en la dirección del Departamento de Bienestar.

 

Labor Normativa

En el proceso de formación de las leyes y por mandato del artículo 74, incisos 2° y 3°, de la Constitución Política de la República, la Corte Suprema debe expresar su parecer al Senado o a la Cámara de Diputados. En cumplimiento de esa obligación, el Tribunal ha emitido 58 informes de diversos proyecto de ley que se señalan en nómina adjunta a este informe.

 

Extradiciones

En virtud de la modificación del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales, se distribuyeron entre los Ministros de esta Corte, conforme al turno establecido, 23 solicitudes de extradición pasiva, a las que se debe agregar las 18 que estaban pendientes del año anterior. De ellas, 17 fueron falladas 24 están en tramitación.

 

Derechos Humanos Nombramiento de Jueces con Dedicación Exclusiva y Atención Preferente
 
Por acuerdo de pleno de 20 de junio de 2001 esta Corte Suprema dispuso la designación de 9 jueces para que asumieran, en forma exclusiva, la tramitación de procesos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Cumpliendo con lo ordenado en su oportunidad, los jueces aludidos informaron periódicamente a este tribunal acerca del estado de tramitación de las respectivas causas.
Por resolución de 14 de octubre de 2002 esta Corte dispuso la designación de diversos Ministros a objeto de que, en forma exclusiva, asumieran la substanciación de procesos originalmente conocidos por el Ministro don Juan Guzmán Tapia.
Acerca de esto último es importante destacar que esa decisión tuvo como fundamento la "preocupación relevante" de esta Corte sobre la situación procesal de este tipo de causas y la necesidad de "reorganizar y ordenar la investigación de estos hechos, con miras a alcanzar una mayor eficacia en sus resultados procesales, así como una más pronta y expedita conclusión de los numerosos procedimientos involucrados en la materia."

 

Superintendencia Disiplinaria de la Corte Suprema

Durante el año pasado, este Tribunal tomó conocimiento y aplicó un total de 148 medidas disciplinarias, 34 menos que en el período anterior; 29 corresponden al Escalafón Superior y son de la siguiente naturaleza: 3 suspensiones, 1 censura por escrito y 24 amonestaciones privadas.
A abogados, se impuso 2 medidas de suspensión.
Como se desprende de lo expuesto, el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, ha sido muy estricta y rigurosa en sancionar los comportamientos irregulares de sus magistrados y funcionarios.

 

Labor de las Cortes de Apelaciones

En el período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2002, las Cortes de Apelaciones y Marciales del país tuvieron un ingreso total de 250.070 causas, o sea un 12% menos que en el 2001 que alcanzó a 286.522 causas. Este ingreso total del año 2002 fue superior al del 2001 en las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Santiago y en la Corte Marcial de la Armada. Hubo una disminución en la cantidad de fallos dictados por las Cortes, salvo en la de Arica y en la Marcial de la Armada en que hubo un aumento de un 0,02 % y 8,4%, respectivamente. El número total de causas falladas por todas las Cortes de Alzada fue 333.988 en 2001 y de 248.602 en 2002, o sea, hubo una disminución de un 25,56%. Es indudable que en las variaciones de los porcentajes totales durante el 2002, ha influido la entrada en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal. Debe destacarse el tesonero esfuerzo realizado por la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir el aumento de causas pendientes y disminuir el número de las de arrastre. Además, puso al día los asuntos de conocimiento del Pleno y se resolvieron casi igual número de causas de las que ingresaron en el año. Disminuyó el número de causas para ser vistas en más de 1.500 procesos y, en general, dinamizó el funcionamiento del tribunal con diversas medidas, entre otras, extender el horario de trabajo, como se expresa en la minuta que se agrega como complemento de este informe. La Corte de Apelaciones de San Miguel hizo también esfuerzos para mejorar su rendimiento. Lo reseñado constituyen ejemplos a seguir por las Cortes de Apelaciones del país. Esta Presidencia ha solicitado insistentemente a las Cortes, que asuman un liderazgo creativo en sus respectivas jurisdicciones; las que no lo han iniciado hasta ahora, están en el momento de que lo inicien.


Labor en las Fiscalias Judiciales

La labor de la Fiscal Judicial de esta Corte Suprema y de los de las Cortes de Apelaciones del país durante 2002, se refleja en un cuadro estadístico que se anexa a esta cuenta. Este demuestra que se evacuaron un total de 113.656 dictámenes, se practicaron un total de 142 visitas a lugares de detención; y 13 visitas a establecimientos especiales y carcelarios donde se encuentran internados enajenados mentales; asimismo, practicaron 169 visitas inspectivas a diferentes juzgados.
La Fiscalía de la Corte Suprema emitió el año pasado 630 dictámenes sobre diferentes materias.
La Fiscal titular integró en 5 ocasiones Sala y 3 veces el Tribunal Pleno.
Preocupada por las funciones que tendrán los fiscales judiciales una vez vigente en todo el país la reforma procesal penal, la Fiscalía Judicial de esta Corte Suprema formó una comisión especial que durante el año 2002 preparó un proyecto en el sentido indicado y que, por su interés se agrega en resumen como complemento de esta cuenta.

 

Pagina Web del Poder Judicial

El Portal de Internet del Poder Judicial se ha constituido como una herramienta de difusión y consulta de la actividad judicial.
Más de treinta mil visitas mensuales en promedio registra en los últimos seis meses este sitio web, que forma parte de la modernización informática del Poder Judicial, dirigida con mucho acierto y entusiasmo por el Ministro señor José Benquis.

 

Academia Judicial Consejo Directivo.

En el año 2002 se ha reunido quincenalmente, en la Presidencia de la Corte Suprema, el Consejo de la Academia. Se realizaron veinte sesiones en el año.
Durante el año 2002, la Academia Judicial, inició, desarrolló y/o finalizó los programas de formación números 16 al 23.
Además, abrió la convocatoria a los Programas N°s. 24, 25 y 26 que se ejecutarán en el 2003.
Hasta la fecha han egresado 446 alumnos del Programa de Formación, de los cuales 272 (61%) se encuentran incorporados en cargos titulares. Del total de egresados que se han incorporado al Poder Judicial, el 75% ha sido nombrado en vacantes fuera de la Región Metropolitana y el 25% en esta Región.

 

Comision Asesora de Etica

Como en años anteriores, durante 2002 desarrolló una extensa y reservada labor. Recibió 197 reclamos en total (en 2001 fueron 72) de los cuales 137 fueron rechazados, por no corresponder a la finalidad de la labor de la Comisión. Cabe destacar que de estas rechazadas, 24 fueron denuncias por supuestas faltas a la ética cometidas por abogados.
Es útil insistir en que la Comisión de Etica tiene únicamente una función asesora del Pleno y carece de facultades para adoptar o imponer medidas disciplinarias, las que son del conocimiento y decisión de esta Corte constituida en Pleno.

 

Labor de la Corporacion Administrativa del PoderJudicial

La gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se caracterizó por una eficiente aplicación de los recursos tanto financieros como humanos y una labor proactiva hacia los distintos Tribunales del país.
Es así que el Consejo Superior de la Corporación, integrado por los Ministros Consejeros señores Hernán Álvarez García, José Benquis Camhi, Urbano Marín Vallejo, y Jorge Medina Cuevas, realizó 27 sesiones, fuera del horario de esta Corte Suprema, actuando como secretario el Director de la Corporación, Ingeniero Comercial, don Miguel Sánchez.
A continuación enunciaré brevemente las principales actividades desarrolladas.

 

Área de Infraestructura:

Se realizaron obras de mantención, instalaciones y reparaciones de tribunales a lo largo del país, por $1.601 millones de pesos. Del monto antes mencionado $671 millones correspondieron a Tribunales insertos en la Reforma Procesal Penal.
Los proyectos de inversión del año 2002, alcanzaron a $ 11.522 millones, correspondiendo $6.758 millones a Tribunales de la Reforma Procesal Penal.
Corresponde resaltar el término de las obras de La Serena, Temuco, Angol y Villarrica y la adquisición de los terrenos para Tribunales en Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y Chillán, entre otros. Asimismo durante el período se iniciaron las obras de los edificios de Copiapó, San Felipe, Quillota, Los Andes, Rancagua, Santa Cruz, Talca, Chillán, Los Ángeles, Talcahuano y Cañete, todos los que se concluirían durante el presente año.
Se terminaron los diseños Arquitectónicos de 24 nuevos tribunales, iniciándose sus construcciones el presente año.


Área de Recursos Humanos:

En esta área, la Corporación Administrativa ha implementado modernas herramientas y técnicas de reclutamiento y selección para Administradores, Jefes de Unidades y Personal de Empleados, de acuerdo al Diseño Organizacional establecido para los Tribunales de la Reforma Procesal Penal, que están siendo utilizadas por diversas Cortes de Apelaciones y Juzgados del país.

 

Área Informática:

 
El apoyo computacional en los Tribunales de Justicia, se ha traducido en la sistematización de la tramitación de causas principalmente para los Juzgados Civiles, Juzgados Laborales, Juzgados del Crimen y en Juzgados de Menores pertenecientes a la Corte de Apelaciones de Santiago y aplicaciones computacionales para la Corte Suprema. En regiones, hasta antes del año 1999 se encontraban implementados los sistemas de tramitación para los Juzgados Civiles y Laborales de Valparaíso. Para el resto de las regiones y especialmente para la Jurisdicción mixta, aún no se ha concretado un apoyo informático similar a los ya mencionados, existiendo al respecto una delicada carencia que es impostergable superar.

 

Área Financiera:
 

Los aspectos más importantes han sido la firma de un nuevo Convenio de Desempeño suscrito entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda relativo a una mayor flexibilidad presupuestaria, y el apoyo de la Subcomisión Especial de Presupuesto del Honorable Congreso Nacional, que envió Oficios al Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia y al señor Ministro de Justicia donde se solicita el estudio de un proyecto de ley que otorgue al Poder Judicial, en forma permanente, una flexibilidad presupuestaria similar a la que tienen ambas ramas del Congreso Nacional respecto de sus presupuestos.
Vaya mi reconocimiento para todos y cada uno de los funcionarios de la Corporación Administrativa y del Departamento de Bienestar que se desempeñan a lo largo del País, quienes con gran esfuerzo y dedicación, desarrollan sus labores.

 

Dudas en la Inteligencia y Aplicacìon de las Leyes

 

De conformidad con el número 4 del artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales y 5 del Código Civil, corresponde dar cuenta de las dudas y dificultades que se han presentado a esta Corte y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes, así como de los vacíos que se noten en ellas.
Se solicitó a las Cortes de Apelaciones del país que informaran a esta Presidencia lo pertinente.
En atención a la extensión de las observaciones de las Cortes, se agregarán en anexo a este informe y se remitirán al Sr. Presidente de la República.

 

Hay que Profundizar la Independencia del Poder Judicial

Al dar cuenta de la actividad judicial, parece necesario hacer referencia a puntos de interés y que, a nuestro juicio, son fundamentales para el futuro del Poder Judicial. Por la naturaleza de esta Cuenta, nos limitaremos únicamente a enunciarlos, aunque son merecedores de un tratamiento más particularizado.
El país ante diversas denuncias preocupantes, ha reaccionado positivamente, y sus instituciones y hombres públicos han planteado como cuestión preeminente la modernización del Estado, revisando sus estructuras para asegurar una gestión eficiente y correcta. Poco se ha dicho en ese contexto, sin embargo, sobre el Poder Judicial, a pesar de que en estos días, como nunca había sucedido antes, la opinión pública ha sentido y valorado su independencia. Creemos que la modernización del Estado también debe extenderse a este Poder, fundamentalmente en los rubros que pasamos a referirnos, todos dirigidos a concretar su autonomía como característica inherente a la noción "poder del estado". No es suficiente la declaración formal de la Constitución Política en ese sentido, es imperativo perfeccionar ese reconocimiento frente a los otros Poderes, de modo que se traduzca en el plano normativo en leyes que la garanticen.
Entre otros rubros, en esa dirección, haremos referencia a los siguientes:


Aspecto Orgánico Institucional

Los criterios modernos de gestión, de selección y promoción de los recursos humanos, de toda entidad, sea pública o privada, se rigen por principios de calidad, capacidad, eficiencia y productividad. Mirado desde esa perspectiva, el C.O.T. corresponde a criterios decimonónicos, inoperantes, y que hacen muy difícil una gestión ágil. Los nombramientos de los jueces y ministros que le corresponden a la autoridad ejecutiva y legislativa no están sujetos a plazos una vez confeccionadas las ternas y quinas respectivas, lo que ha permitido que la nominación en cargos de especial trascendencia hayan llegado a demorar varios meses. La formación de esas ternas y quinas está reglada con modalidades, requisitos y formalidades exagerados, y a veces arbitrarios, que permiten que funcionarios no idóneos para el cargo las integren. Otro tanto, sucede con el procedimiento de calificación del personal y del recurso de queja, que llegan al límite de lo abstruso. El sistema es categóricamente inadecuado, como reiteradamente lo ha sostenido el Poder Judicial desde hace años, sin embargo no ha sido escuchado. Queremos llamar la atención del País sobre esta situación que resulta poco explicable.
Tan grave como la señalada es la manera de designar al personal de secretaria, que si bien se hace por concursos, las restricciones y condiciones que rodean la formación de las ternas está al margen de los nuevos sistemas de administración. El Poder Judicial se ve impedido de agilizar la administración de justicia con preceptos como los del C.O.T. Es urgente modificar esta anticuada normativa y actualizarla a esta época.
Existe una ostensible diferencia en esta área con organismos recientemente creados y vinculados al Poder Judicial, como son el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, donde acertadamente se han consagrado criterios más liberales.

 

Ambito Financiero: Autonomía Económica.

Íntimamente vinculado con la independencia, está el de la autonomía económica del Poder Judicial, antigua aspiración manifestada por todos los medios y en diversas oportunidades, pero que aun no se ha establecido. Debemos reconocer que las Autoridades de Hacienda han otorgado algunas facilidades para el manejo de nuestro prosupuesto, pero se mantienen restricciones que no condicen con la autonomía que se requiere.
El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, ha dado muestras de seriedad y expedición en la administración y control de su patrimonio. Se puede constatar que los recursos se invierten con eficacia y transparencia, lo que respalda nuestra aspiración.
En diversos países de la región se ha reconocido constitucionalmente aquella independencia y la Asociación de Presidentes de Cortes Supremas de los países de habla hispana, en que ha tenido activa participación el Ministro don Marcos Libedinsky T. ha establecido como uno de los pilares fundamentales de la libertad de los sistemas judiciales el reconocimiento de su plena autonomía económica..
El Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en los días 23.24 y 25 de Mayo del año 2001, en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Superiores de Justicia, en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, se establece en su art. 6° "Condiciones materiales de la Independencia Judicial. El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante el presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades..."
Si Chile desea ponerse a la altura de otras naciones de la región, y estar en condiciones de afirmar que, jurídicamente, los tribunales nacionales gozan de plena independencia respecto de otros poderes, se debe dar el paso indicado en forma definitiva y pronta. No hacerlo deja a nuestro país en el ámbito internacional en una situación desmedrada.

 

Autonomía en la formación y perfeccionamiento de los magistrados


Para cumplir con esta función, la Ley Nº19.346 creó la Academia Judicial, el año 1994. Dicha institución ha desarrollado una importante labor, lo que ha permitido incorporar profesionales más idóneos en los tribunales.
Sin embargo, estimamos que ese organismo debe ser revisado en su estructura y en la docencia que imparte, tal como se hizo notar en la Cuenta de 2002. La experiencia acumulada desde hace varios años aconseja una relación y coordinación mas estrecha de la que hasta ahora ha existido entre el Poder Judicial y la Academia; como también hacer una análisis más profundo sobre sus posibilidades futuras; sin dejar de reconocer el esfuerzo y dedicación de los integrantes de su Consejo Directivo y de su Directora, Da. Leonor Etcheberry.
La sociedad implícitamente está exigiendo que se profundice la independencia del Poder Judicial. Desde esa perspectiva, no es recomendable que el Consejo Directivo de la Academia tenga la conformación que posee en la actualidad, donde intervienen el Sr. Presidente de la República, el Senado y el Ministerio de Justicia. Sobretodo, por tratarse de un organismo cuya función es dirigir una materia tan delicada y sensible como es la formación y perfeccionamiento de los jueces, esa intervención debe cesar definitivamente. Es el Poder Judicial quien debe designar al Director de la Academia y el Consejo ha de constituirse en un órgano asesor, pero no director.
En abono de lo antes enunciado, es suficiente considerar entidades como los Institutos y Academias de la Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Dirección General de Investigaciones, la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones, los sistemas de perfeccionamiento del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, entre otras instituciones, en todas las que no existe participación de poderes o autoridades ajenas al respectivo organismo. Además, la realidad internacional mayoritaria de los países democráticos, en relación a las escuelas judiciales es muy demostrativa de tal característica. Queremos que se elimine toda duda de intervención foránea en la selección y perfeccionamiento de nuestros jueces.


Moralización Integral del que Hacer Judicial. Etica y Abogacía.

En la cuenta del año 2002 se expresó la preocupación por encontrar sistemas que afianzaran la ética en la actividad de hacer justicia, y señalamos que junto con extremar el control de la conducta de los funcionarios judiciales, era imprescindible ocuparse de la corrección del ejercicio de la profesión de abogado.
Se puso énfasis en que el país debía adquirir conciencia de que sin un control ético de la abogacía, no sería posible que la ciudadanía modificara su visión de la justicia nacional. Se sostuvo que era fundamental para lograr esa meta, que se creara un sistema real y efectivo de control ético para todos los abogados y se revisará la forma y modalidades del otorgamiento del titulo respectivo por esta Corte Suprema.
Esa preocupación aparece avalada por una encuesta publicada el año 2002 por la Universidad del Desarrollo, que constata que el 48% de los clientes de los abogados estiman que son corruptos y el 73% que mienten para lograr sus objetivos.
Sin compartir esta visión tan deprimente, reiteramos las mismas observaciones, e informamos que en cumplimiento de esa preocupación se creó un grupo de trabajo presidido por el Ministro Sr. Hernán Álvarez -ex presidente de este tribunal- integrado por varios decanos y presidentes de Colegios de abogados, que en diversas reuniones se ha ocupado de sentar las bases de un proyecto de tribunales de ética al que queden sometidos todos los profesionales, como también de indagar sobre posibles sistemas dirigidos a mejorar la forma de otorgamiento por esta Corte del titulo habilitante. Esperamos que este año presentemos a la comunidad nacional los resultados de este estudio, y que los cuerpos colegisladores lo consideren y lo hagan realidad.
Agradecemos en esta ocasión la participación desinteresada y valiosa de los Presidentes de los Colegios de abogados invitados y de los Decanos de las Universidades participantes, y muy especialmente al señor presidente del Colegio de Abogados de Chile Sergio Urrejola, y al Decano señor Alejandro Guzmán.

 

Función Judicial y Medios de Comunicación, La Apertura Hacia la Comunidad

Las Direcciones de Comunicación y la de Análisis y Estudios de esta Corte, han estado desarrollando una intensa labor de apertura de la función judicial, dirigida a que se creen canales de mutuo conocimiento, de manera permanente, entre los tribunales y la comunidad. Se han celebrado reuniones de diálogo y convivencia con todos los medios de comunicación, con las Universidades y Centros de Investigación, con las Municipalidades, Juntas de Vecinos e instituciones públicas y privadas. El objetivo es lograr una mayor comprensión de la labor judicial por la sociedad, como a su vez de sus limitaciones.
Agradecemos en esta oportunidad a todos los medios de comunicación la buena recepción de estas inquietudes y de su positivo interés sobre este punto.
Debe hacerse notar la labor desarrollada por diversos tribunales en el sentido indicado. Por su importancia, se adjunta como documentos anexos lo realizado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y el Tribunal Oral de Linares, entre otros, que por ser indiciarios de una labor dinámica y creativa, sería recomendable que se extendiera y se incentivara.
Ha sido notorio que los tribunales han ocupado durante los últimos meses las primeras páginas de los medios de comunicación con motivo de investigaciones a cargo de algunos jueces que han afectado a personas de figuración pública. Al respecto es útil puntualizar lo siguiente:
- Los jueces tienen la obligación de investigar cuando son requeridos o de actuar de oficio cuando corresponde,
- La toma de conciencia de los principios democráticos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, ha llevado a lo que se denomina judicialización de la vida pública chilena, realidad que debería ser motivo de un análisis cuidadoso.
- Dada la actual evolución cultural del país, y que el artículo noveno del C.O.T. dispone que los actos de los tribunales son públicos salvo las excepciones legales, se ha procedido a una apertura informativa, lo que ha permitido, en cuanto jurídicamente es posible, que la ciudadanía tenga conocimiento de las causas de interés nacional.
-A pesar de las dificultades que conlleva alcanzar un equilibrio entre los derechos de todo imputado y la libertad de información y de opinión, en esta experiencia ambos están saliendo fortalecidos
-La mayor exposición del quehacer judicial ante la ciudadanía ha llevado consigo a un aumento de opiniones sobre actuaciones y resoluciones de los jueces, algunas de ellas muy críticas. Dichas opiniones deben ser valoradas en su justa dimensión por la población de acuerdo a la preparación, conocimientos e intereses de quienes las formulan.
-Una crítica permanente, magnificada y sin el adecuado respaldo, puede poner en peligro la confianza ciudadana en el ordenamiento jurídico nacional.
-Los jueces respetan las críticas aunque sean enérgicas, apasionadas y aun equivocadas, pues son partidarios de la libertad de opinión y de expresión, lo cual no impide que excepcionalmente hagan uso de las acciones legales ante la ofensa injuriosa o gratuitamente procaz.
-El Poder Judicial ha demostrado que en un clima de respeto a sus atribuciones, puede actuar con prontitud, firmeza e independencia, de acuerdo a la Constitución y a la ley.

 

Reformas del Sistema

 

El proceso de reforma procesal penal continúa su desarrollo con normalidad y los resultados logrados son positivos. Estos resultados se han debido, en buena parte, a una actividad coordinada y de colaboración entre los actores del proceso, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Ministerio de Justicia.
El Poder Judicial mantiene su posición de cumplir el calendario establecido para la vigencia del nuevo sistema, de manera que en diciembre del año 2004 esté operando en todo el país.
Corresponde ser cauteloso en cuanto a reformar el nuevo sistema desde ya, pues a pesar de lo que se sostiene, una normativa que recién y cuidadosamente se ha creado, no puede ser objeto de continuas y permanentes modificaciones cuando aún no ha sido aplicada en plenitud; los órganos involucrados deben ir determinando su exacta inteligencia y la praxis puede ir evolucionando. En esta materia la experiencia histórica aconseja prudencia.
Los jueces -al contrario de lo que se piensa- tienen especial interés en que la tendencia reformista se extienda a otras áreas, como la justicia laboral, la de familia, la civil y tributaria, y, estamos ciertos, colaborarán con entusiasmo para que se lleven a cabo con la mayor prontitud.

 

Ultimas Palabras

 

Agradecemos a título personal, y con mucho sentimiento, la amplia colaboración de todos los Ministros y de la Sra. Fiscal Judicial de este alto tribunal, que con esmero y dedicación han cumplido, aparte de sus labores ordinarias, aquellas que les ha exigido su integración en las diversas Comisiones creadas para asesorar al Tribunal Pleno, y además, han procedido a visitar las distintas jurisdicciones del país.
Mi especial gratitud hacia todos los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, a todos los jueces de Chile y al personal que les presta abnegada colaboración, por su acuciosidad y dedicación en el cumplimiento de la delicada y noble tarea que el país ha puesto en sus manos.
Nuestro actual desafío es continuar con la misión de entregar a la Nación un Poder Judicial cada vez más creativo, moderno e independiente.

Con estas palabras, declaro inaugurado el Año Judicial dos mil tres.

                 

                Mario Garrido Montt
                Presidente