Ministra Chevesich explicó protocolo de Corte Suprema para acceder a Canales de Denuncia de Vif y Medidas de Protección para niños y niñas

2020-Jul-21

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich,  dijo que "el riesgo de que personas que forman partes de grupos vulnerables, principalmente las mujeres, los niños  y adolescentes  de sufrir violencia, física, sexual  y mental aumenta en estos tiempos de pandemia y por eso a la Corte Suprema, además, le preocupa  que estas denuncias por violencia intrafamiliar   y requerimientos proteccionales han disminuido entre los meses de  marzo y junio", al informar sobre el "Protocolo de atención para acceder a canales de denuncia de VIF y de género; y requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), en el contexto de la pandemia" que el máximo tribunal aprobó el 3 de julio pasado.

La ministra ofreció una conferencia de prensa para referirse  a las medidas que el Poder Judicial ha desarrollado respecto de la protección de mujeres y NNA y sobre funcionamiento de los tribunales en el mediano plazo.

La autoridad  dijo que se encomendó  a las unidades de la Corte Suprema y a los tribunales establecer mecanismos que permitan el adecuado servicio judicial  y la pronta protección de este grupo de personas vulnerables, como lo son las mujeres, niños niñas y adolescentes. "El objetivo del protocolo es facilitar a toda persona, en especial a las que he mencionado, el acceso a los canales de atención de denuncias en materias de violencia intrafamiliar y de género  y requerimientos de aplicación de medidas de protección en el actual contexto sanitario" , señaló.

De esta manera,  agregó, la Corte Suprema "implementa estos mecanismos para que todas las personas, en especial las  que están en situación de vulnerabilidad puedan acceder al sistema de justicia, puedan formular las denuncias pertinentes puedan requerir la aplicación de medidas de protección de los derechos fundamentales que han sido amagados por actos de la misma familia o terceros".

Entre las medidas,  se consideran todas las que permitan  a una víctima que está sufriendo y experimentando actos de violencia intrafamiliar , que pueda hacer la denuncia, que se reciba, se transmitan, que se adopten todas las medidas de protección y si la denuncia da visos de que se trata de una violencia que puede generar un eventual desenlace, que se conduzca al Ministerio Público  y que el Juzgado de Garantía adopte también las medidas correspondientes, que se haga el juicio".

En otro ámbito,  la ministra se refirió al protocolo con el cual el Poder Judicial aborda el funcionamiento en el estado actual de emergencia sanitaria y en el mediano plazo para el regreso gradual al trabajo presencial y que se acordó en una mesa de trabajo con las asociaciones gremiales de la institución.

 "La Corte Suprema el 6 de julio adoptó otro protocolo de manejo y prevención de Covid 19 que da un marco para que los tribunales puedan organizar el trabajo en sus dependencias judiciales y también por la vía del trabajo remoto y también vela y da pautas  para una vuelta paulatina presencial, en tanto,  se mantenga el estado de alerta sanitaria. Por regla general se establece la modalidad del trabajo remoto y lo presencial es lo estrictamente indispensable".

La vocera explicó que "los principios rectores de este protocolo es proteger la salud y seguridad de los funcionarios y funcionarias   del Poder Judicial, reforzar las medidas de higiene personal y de las instalaciones, asegurar la oportuna atención a todas las personas que requieren la atención del tribunal, la gradualidad en el sentido que la reincorporación de los funcionarios y funcionarias debe ser  para tareas de atención presencial  y aquellas que presentan mayor dificultad  para para desempeñarlas a distancia y también la rotación, es decir la instalación de  turnos".


Indicó que en este protoclo se consideran tres etapas de retorno. La primera mientras se extienda la medida de excepción constitucional; la segunda  mientras se mantenga la alerta sanitaria, durante la cual el trabajo presencial  no puede exceder el 50% de dotación total y la tercera cuando termine la alerta sanitaria y se retome el trabajo regular, pudiendo de todas formas establecerse modalidades de teletrabajo en forma ordinaria.


Asimismo, anunció que la mesa de trabajo conjunta con los gremios y estamentos  "está trabajando en protocolos  precisos para llevar a cabo las audiencias, ya sea de familia, laboral  y penal, para que así todos tengan un marco claro  de cómo poder desarrollarlas. Es menester desarrollar audiencias dado que hay algunas actividades, algunos juicios que  es complicado llevarlos a cabo a través de teletrabajo y videoconferencia, sea por el número de testigos, intervinientes, como también en algunos casos por la postura que ha asumido  la Defensoría Penal Pública, que en ciertos juicios, por el tema que se trata y el tipo de delitos, se deben llevar acabo de manera presencial o semipresencial".


Consultada por la sintonía  este protocolo con los planes desconfinamiento anunciados por el gobierno, la ministra dijo que "el protocolo adoptado por la Corte Suprema  considera todos los aspectos que creo que debe estar considerando el gobierno. En principio las etapas o las fases  están acorde a la normativa impuestas por el ministerio de salud, el estado de excepción constitucional, el estado de alerta sanitaria   y una vez levantada la alerta debería volver todo a la normalidad. Obviamente con este protocolo se tiene que ir protegiendo a las personas que van a estar expuestas al contacto, en que no se va a poder cumplir la normativa del distanciamiento social. Es decir, se está a la par con la normativa que está actualmente rigiendo".
Delitos sanitarios


Consultada sobre la presentación de una jueza de Garantía ante el Tribunal Constitucional por inaplicabilidad para una causa del artículo 318 del Código Penal, la ministra Chevesich dijo que  "la magistrada estimó que era pertinente hacer uso de esta figura,  que está contemplada y plantea este requerimiento. Pero los tribunales de justicia si estiman  que un tipo penal es abierto, que no señala conductas precisas y determinadas, tiene la facultad legal y constitucional para hacer aquella resolución sin acudir al Tribunal Constitucional. Pero está también esa posibilidad y ella la ejerció", concluyó.

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